Tagoror Digital
03.04.2025 | Santa Cruz de Tenerife
El PSOE llevará la próxima semana al Congreso de los Diputados el debate sobre la protección de la salud de los trabajadores de Metropolitano de Tenerife, la empresa pública del Cabildo que gestiona el tranvía. Los empleados permanecen en huelga desde febrero de 2024, es decir, desde hace más de un año.
Según ha explicado el comité de empresa, la huelga supone la cancelación de 240 trayectos semanales, afectando directamente a más de 36.000 usuarios.
La diputada socialista Alicia Álvarez y la consejera insular Marián Franquet se han reunido este martes, una vez más, con representantes del comité de huelga en un encuentro previo al debate de la proposición no de ley (PNL), previsto para el próximo 8 de abril en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.
Alicia Álvarez: “El Cabildo busca excusas una y otra vez”
La diputada Alicia Álvarez ha afirmado que “nos ocupa y nos preocupa la situación de las trabajadoras y trabajadores de Metropolitano de Tenerife, porque hace más de un año que se inició la huelga sin que se haya tomado ninguna medida. Son muchos los informes de prevención que confirman los riesgos derivados del silicato de sílice, y el Cabildo de Tenerife, una y otra vez, busca excusas. Dicen que se va a sustituir, pero no se adoptan medidas preventivas ni definitivas. Sabemos que, una vez implantada la solución en Tenerife, podrá aplicarse en otras zonas de España y de la Unión Europea”.
Marián Franquet: “Estamos ante un Cabildo totalmente pasivo”
Por su parte, la consejera socialista Marián Franquet ha señalado que “la huelga del tranvía dura ya muchos meses. Comenzó en el mandato anterior y el Partido Socialista la dejó prácticamente encauzada. Sin embargo, con la llegada del nuevo equipo de gobierno, encabezado por Rosa Dávila, el conflicto se ha recrudecido y el Cabildo se ha mostrado totalmente pasivo. Desde el Grupo Socialista seguiremos presentando iniciativas para buscar una solución, en coordinación con nuestros compañeros y compañeras en otras instituciones”.
Jonay Acosta: “Es importantísimo llevar este debate al Congreso”
El portavoz del comité de empresa, Jonay Acosta, ha declarado que llevamos trece meses de huelga y la sensación es que no hay nadie al volante. La presidenta de la empresa no demuestra liderazgo alguno en la resolución del conflicto, que responde a condiciones laborales y de salud muy precarias. Es fundamental que debates como este, sobre la prevención de riesgos laborales, lleguen al Congreso de los Diputados”.
La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista insta al Gobierno de España a garantizar la vigilancia de las condiciones de seguridad y salud laboral en Metropolitano de Tenerife, ante lo que califican como “pasividad” del Cabildo insular. Entre las medidas solicitadas se incluye la actuación de la Inspección de Trabajo para supervisar y mejorar la protección de los empleados.
El conflicto se originó, entre otros motivos, por el uso de arena de sílice cristalina en tareas de mantenimiento, una sustancia clasificada como agente cancerígeno. Aunque los trabajadores han solicitado reiteradamente su sustitución, no se ha producido ningún cambio efectivo, a pesar de los anuncios realizados por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Actualmente, la situación continúa estancada. Ni el Cabildo ni su presidenta han dado pasos concretos hacia una solución negociada, lo que prolonga los riesgos para la salud de los trabajadores y agrava la congestión del servicio de tranvía.
Desde el inicio del conflicto, el Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha mantenido numerosas reuniones con los representantes sindicales y ha presentado diversas iniciativas. La más reciente, una moción registrada en febrero —antes del Carnaval— instaba a la presidenta insular “a tomarse en serio a los trabajadores del tranvía y a los 25 millones de usuarios, y hacer todo lo que esté en su mano para resolver de una vez este conflicto laboral”.
La moción registrada en el Congreso también reclama un refuerzo en la vigilancia del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con especial atención a la exposición a agentes cancerígenos como la sílice cristalina. Asimismo, exige su sustitución y la garantía de medidas adecuadas de protección mientras siga utilizándose.
